ALEJANDRO SOTO. Pte. Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho

“El EEES ha traído a los estudios de Derecho una metodología de aprendizaje nueva y útil”

La ULPGC acogió en marzo el X Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, que organiza cada año el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), y que reúne a los representantes estudiantiles de Ciencias Jurídicas de las universidades españolas. Su presidente estuvo acompañado en el acto inaugural del Congreso, por la Presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias. Además, tras el Congreso tuvo lugar la Asamblea de CONEDE, en donde tuvo lugar la elección del nuevo presidente, Rafael Valentín-Pastrana.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho y cómo se lleva a cabo la organización y elección de sus representantes en cada universidad?

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE) lo integran los representantes legítimos de estudiantes de Derecho de los distintos estudios de Derecho de las universidades españolas. En la actualidad contamos con representantes de más de cuarenta universidades de diferentes rincones del territorio nacional. El método de elección de los representantes de los estudiantes es interno, en cada universidad, y el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho debe respetar y respeta dichos procedimientos. Tan sólo exige que los que acudan a las Asambleas Generales de la asociación, el órgano de debate interno del Consejo, acudan acreditados con la oportuna credencial y en representación de los estudiantes de Derecho de su universidad.

2. ¿Desde cuándo comienza la andadura del Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho en España?, ¿y por qué surge esta idea?

El Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho se constituye como proyecto de unión y representación de los intereses de los estudiantes de Derecho de las universidades españolas, con el principal objetivo de hacer llegar la voz de los estudiantes de Derecho a las instituciones, y de contribuir a la mejora del sistema de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.

3. Cada año celebran un Congreso Nacional, y este año, el lugar escogido ha sido la ULPGC. ¿Qué abordan en estos congresos, y quiénes asisten a ellos?

Este X Congreso Nacional de Derecho es el primero que se ha desarrollado fuera del territorio peninsular, y lo cierto es que la experiencia no podría haber sido mejor. Los Congresos Nacionales, de carácter semestral, tienen lugar en los meses de marzo y octubre de cada año, y constituyen la principal actividad de la asociación. Son el foro en el que se convoca y reúne la Asamblea General, principal órgano de debate y decisión del Consejo. En ella planteamos las líneas a seguir durante los próximos seis meses de actividad, y a ella da cuenta de sus decisiones la Junta Directiva de la organización. Al mismo tiempo, durante los tres días que dura cada Congreso Nacional, los representantes de estudiantes de Derecho de diferentes universidades españolas, así como los estudiantes de la universidad que alberga el Congreso, tienen la oportunidad de asistir a diferentes ponencias que afectan a cuestiones jurídicas y políticas de actualidad e interés.

4. Tras el nuevo espacio de educación implantado en España, ¿Cuáles han sido las principales novedades de los títulos universitarios en Derecho?, ¿el Grado se ajusta mejor a las necesidades de formación y laborales de los abogados?

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha traído a los estudios de Derecho una metodología de aprendizaje nueva y ciertamente útil, basada en el estudio de casos y el análisis de numerosos supuestos de hecho. Ello aporta, en mi opinión, una mejor vertebración del razonamiento jurídico de los futuros profesionales del Derecho, y responde a las demandas reales del mercado. No obstante, es cierto que la implantación del grado ha tenido un impacto negativo sobre el conjunto de contenidos impartidos en relación con las extintas licenciaturas. No es de extrañar, pues se ha reducido el número de años de la titulación en un curso académico completo. Los másteres de acceso a la abogacía son la oportunidad perdida del legislador. Pudiendo haber facilitado la especialización de los graduados en derecho, al tiempo que se impartiesen determinados contenidos relacionados con la deontología y la ética profesional, se ha optado por la reiteración de los conocimientos procesales relacionados con las materias propias de los diferentes órdenes jurisdiccionales.

5. La principal novedad es que ahora, el Graduado en Derecho, debe examinarse de una prueba de aptitud profesional convocada por el Ministerio de Justicia, para poder ejercer su profesión… Y antes debe realizar y superar un Máster Universitario que acredite un número de prácticas laborales. ¿Por qué este requerimiento?, ¿cree el estamento estudiantil universitario que es necesario?

Es cierto que no parece razonable la configuración anterior a la implantación de la reforma del sistema de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Escandalizaba a los países de nuestro entorno el hecho de que un recién licenciado en Derecho pudiese litigar ante el Tribunal Supremo o manejar cuestiones relacionadas con derechos fundamentales de las personas sin haber pasado previamente por un período de pasantía, tan sólo con una colegiación que se producía de manera automática al obtener el título de Licenciado en Derecho. Sin embargo, en España hemos querido ser mejores que nadie, implantando un sistema que no tiene parangón en ningún otro país de la Unión Europea. Hemos pasado de tener una colegiación libre tras superar la licenciatura a exigir la superación de un máster, un período de prácticas de cinco meses y un examen de estado habilitante. No parece que sea el sistema más conveniente, más competitivo. Y no lo digo yo. En ese mismo sentido se pronunció el Ministro de Economía y Competitividad en la presentación del borrador del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, pospuesto hoy ya sine díe por las numerosas críticas de intereses corporativistas contrapuestos. Dicho anteproyecto de ley contemplaba la supresión de la prueba nacional de acceso, por resultar contraria a los criterios de competitividad del sector. En todo caso, los estudiantes hemos sido, quizá, los mas razonables en todo este proceso de reforma. Propusimos al Ministerio un modelo de examen que es el que finalmente se aprobó, y lo que demandamos es la supresión de la obligatoriedad de realizar un máster de acceso genérico que, a nuestro parecer, no aporta un valor añadido. Iría mucho más en consonancia con las necesidades del sector la liberalización de dicha exigencia y por tanto la apertura a másteres universitarios oficiales de especialización que reunieran un determinado número de créditos y que permitiesen la concurrencia posterior a la prueba nacional habilitante.

6. ¿Por qué han abordado en este Congreso en la ULPGC temas como el sistema electoral canario, o la ley de enjuiciamiento criminal?

Porque son cuestiones de interés para los estudiantes de Derecho, en el primer caso especialmente para los estudiantes canarios, por motivos evidentes, si bien determinadas características de dicho sistema son extrapolables al régimen electoral general, y las cuestiones en torno a la representación política, análogas; y en el segundo caso, por la relevancia y transcendencia de dicha reforma para las distintas fases del proceso penal y el impacto de dicha reforma, que considero positiva, por numerosas razones que no procede aquí subrayar, en la protección de los bienes jurídicos de los distintos intervinientes en el proceso.