ANTONIO ABRIL

1. Los Consejos Sociales son los órganos de representación social en las Universidades, y también, entre sus funciones, está la de fiscalizar y supervisar las cuentas de estas instituciones…

Sí, somos órganos de control y supervisión económica y presupuestaria de las universidades públicas españolas: no somos órganos de gobierno, pero si tenemos una gran legitimidad social porque somos ese órgano de participación de la sociedad en la Universidad, y esto es por una circunstancia evidente, y que las universidades no son de las personas que trabajan en ellas, ni de sus estudiantes: las universidades son de toda la sociedad. Y así, en nuestros plenos están representados todos los sectores: desde los empresarios hasta los sindicatos, alumnos, exalumnos, los órganos parlamentarios autonómicos, los autónomos, etc… Es decir, toda la sociedad, que es la que financia, mayoritariamente, la Universidad con sus impuestos.

2. En la Conferencia de Consejos Sociales también incluyen a muchas universidades privadas, ¿no es así?

Sí. Las universidades privadas no tienen Consejos Sociales, pero en la Conferencia hemos integrado a las privadas que quieren estar. Ahora bien, la organización de las universidades privadas no tiene nada que ver con las públicas. Tienen una estructura que se asemeja más a la que es propia de las empresas en un sistema de economía de mercado, y no es el caso de las universidades públicas, que se rigen por normas concretas que tienen que cumplir en cuanto a su organización, como es el caso de la Ley Orgánica de Universidades.

3. Desde la Conferencia defienden una urgente modificación de esta ley, que no se adecúa al siglo XXI, tal y como han solicitado con la Conferencia de Rectores al Congreso de los Diputados y al nuevo Ministro de Universidades, ¿no?

La modificación de la Ley de Universidades ya se la hemos planteado a los ministros anteriores porque consideramos que es una asignatura pendiente de la sociedad española. Abogamos por unas universidades más eficientes y vinculadas al sector productivo, como muchas universidades del mundo, del siglo XXI. El perfil profesional y la trayectoria del nuevo ministro abre una vía de esperanza hacía la necesaria modernización de la Universidad española. Esta modificación de la ley la hemos venido reclamando desde hace tiempo con muchos argumentos. La reforma del sistema universitario es absolutamente necesario, pues se trata de una Ley del año 1983, y no se adapta a los retos a los que tiene que hacer frente una universidad pública de este siglo. Ya en el año 2018 pedimos en el Congreso de los Diputados, junto a los rectores, patronales empresariales, sindicatos, alumnos y exalumnos,  para pedir a nuestros políticos que prioricen la educación en general, y en las universidades en particular; y, en segundo lugar, para que exista una nueva Ley Orgánica de Universidades que sea fruto de un Pacto de Estado que garantice su permanencia. Hemos perdido ya demasiados años con la no modernización de la Universidad.

“Al Rector hay que darle instrumentos de gestión del talento, hay que dotar a las Universidades de más autonomía operativa, porque tienen que ser capaces de competir entre ellas, con las universidades privadas y con el mundo entero”

4. ¿Cuáles son las principales reformas de la Universidad que ustedes, desde la conferencia, defienden?

La Conferencia siempre le ha pedido a los políticos tres cosas: valentía, porque la reforma de la universidad nunca ha sido fácil; generosidad, porque toda la inversión en educación debe ser a medio y largo plazo, y siempre más allá de unas elecciones; y grandeza de miras, porque nosotros decimos que España será en el futuro lo que hoy sea capaz de invertir en Educación y en Universidad. Y nosotros, en la Conferencia, hemos estudiado y publicado el caso de muchas universidades europeas que pueden ser casos comparables a las universidades españolas. Y en estas universidades lo que hay son órganos con participación de representantes de la sociedad que, respetando la autonomía universitaria, coexisten en un órgano de dirección con representantes académicos. Y fruto de esa implicación y de corresponsabilidad, ahí se toman las decisiones y se designa a un rector por un concurso de méritos. Y, en este caso, no puede ser que sigamos como estamos: España es el único país del mundo donde el Rector se elige por votación corporativa en las Universidades, lo que crea una serie de conflictos absolutamente innecesarios, pero inevitables, en el actual sistema de gestión de gobierno. Y, por otro lado, defendemos que al Rector hay que darle instrumentos de gestión del talento, hay que dotar a las Universidades de más autonomía operativa, de más capacidad de decisión, porque tienen que ser capaces de competir entre ellas, con las universidades privadas y con el mundo entero.

5. ¿El hecho de que exista ahora un Ministerio de Universidades, que no comparta cartera con Ciencia e Innovación, qué les ha parecido?

Nosotros nos sentíamos más cómodos con la estructura anterior, con un Ministerio donde estaba Ciencia, Investigación y Universidades, y por una razón muy sencilla: la ciencia, la investigación, las nuevas tecnologías, que son transversales y son la fuente de competitividad de la economía del mercado, se desarrollan en un 70% en las universidades. Consiguientemente, separar ciencia e investigación de quien es el principal protagonistas de ellas, que es la universidad, no parece lo más lógico. Al menos hay que reconocer que los dos ministerios han asumido la voluntad de trabajar coordinados.