MANUEL RAMÍREZ

1. Acaba de tomar posesión, hace tan solo dos meses, de su nuevo cargo en la Consejería de Educación de Canarias y quizás aún es prematuro pedirle una valoración de cómo ha visto el trabajo desarrollado en esta Dirección General, pero igual ya puede adelantarnos cuáles son los retos más inmediatos que usted se propone en estos próximos años, habida cuenta de que es un gran conocedor del funcionamiento y políticas universitarias en Canarias.

Es evidente que la pandemia del COVID-19 está condicionando el día a día de nuestras universidades y la urgencia por resolver las necesidades más acuciantes, ya sean sanitarias, económicas o sociales, está comprometiendo buena parte del tiempo de las personas que tenemos alguna responsabilidad de gobierno en el sistema universitario español, pero creo que lo más importante es no perder la perspectiva de los retos a los que debemos enfrentarnos en los próximos años. La Consejera Manuela de Armas ha pedido a su equipo que no perdamos la perspectiva de que lo urgente no debe evitarnos hacer lo necesario y, en este sentido, desde la Dirección General de Universidades estamos trabajando para garantizar que las universidades públicas canarias van a contar con los recursos necesarios que les permitan, a pesar de las circunstancias, poder seguir desempeñando su importante labor en el campo de la docencia, la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad.

2. Concretamente, con respecto a la financiación de las universidades públicas canarias, aún sigue pendiente de aprobar su nuevo plan plurianual. ¿Por qué se ha demorado tanto años, a su juicio? Y, ¿está de acuerdo con los rectores de las dos universidades sobre los criterios para dotar económicamente a cada universidad? Sobre todo en lo que se refiere a la ‘financiación por resultados’ y la ‘financiación estratégica’.

El modelo de financiación de las universidades canarias sigue siendo una cuestión pendiente que, no por el hecho de no haber sido bien abordada hasta la fecha, debe ser relegada en unos momentos de horizonte de incertidumbre económica como el que podemos vivir en los próximos ejercicios presupuestarios. Es una lástima que en la pasada legislatura el anterior ejecutivo haya perdido el tiempo en plantear un modelo de financiación basado en la desconfianza hacia la autonomía universitaria y en una equivocada visión estratégica de lo que debe ser la labor que las universidades públicas canarias están llamadas a realizar. Los equipos rectorales de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria me han manifestado su interés en avanzar hacia un modelo de financiación plurianual y me he comprometido con ellos en que vamos a empezar a trabajar conjuntamente en la definición de este nuevo marco de financiación, que considero que debe estar basado en la confianza mutua, la transparencia ante los actores implicados y, sobre todo, en la rendición de cuentas ante la sociedad, que es quien financia con sus impuestos la mayor parte del presupuesto de las universidades públicas y quiere saber a qué destinan ambas universidades cada céntimo de dinero público invertido en ellas.  

“Me he comprometido en definir un nuevo marco de financiación para las universidades, basado en la confianza mutua, la transparencia ante los actores implicados y, sobre todo, en la rendición de cuentas ante la sociedad”

3. Tras los primeros días de pandemia y tras decretarse el estado de alarma, las dos universidades canarias presentaron al Gobierno autonómico un documento de aportaciones al Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, ofreciéndose como instituciones que lideren el potencial investigador de las islas en los sectores más estratégicos, para lo que volvieron a solicitar, de paso, una mayor financiación y apoyo. ¿Ha tenido oportunidad de leerlo?. ¿Valora especialmente alguna de las aportaciones o reflexiones de ambos rectores?

El papel de las universidades públicas canarias como generadores de investigación e innovación de calidad y de su transferencia a los sectores económicos y a la propia sociedad es indiscutible. Sin embargo, hemos perdido el tiempo en los últimos años, derivando cuantiosos fondos de la Unión Europea y fondos propios de nuestros presupuestos de la Comunidad Autónoma hacia proyectos y sectores ajenos a nuestras universidades con el pretexto de que con ello se podía hacer crecer la actividad económica y reorientarla hacia nuevos sectores más allá del turístico. Convendría mirar atrás para comprobar si esto se ha logrado o si, por el contrario, ha contribuido al debilitamiento de las estructuras de investigación de nuestras universidades. En este sentido, el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias que la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria presentaron en mayo de este año me parece una acción muy oportuna en un contexto como el actual y solo espero que sirva para la consecuente reacción, alineando a nuestras universidades públicas y su potencial docente e investigador con la reactivación social y económica de Canarias. Todo ello sin perder de vista que las universidades, además de ser transparentes en la gestión de los recursos económicos que demandan para cumplir sus objetivos, también deben ser críticas ante el modelo de desarrollo económico y social que desde algunos sectores económicos de nuestras islas se pretende imponer en unos ecosistemas insulares que tienen ya muy poco margen de carga.

4. Este inicio de curso académico se presenta de manera muy especial. También los dos rectores mostraron su preocupación al Presidente del Gobierno de Canarias por la necesidad de una financiación adicional que les permita hacer frente a los riesgos de contagio del COVID con la puesta en marcha de medidas extraordinarias en los centros docentes y de investigación. ¿Habrá una partida económica para este gasto extra?. ¿Cuál será?

“Las universidades canarias deben ser críticas ante el modelo de desarrollo económico y social que desde algunos sectores económicos de nuestras islas se pretende imponer”

Como todos sabemos, el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento es una de las medidas económicas más importantes que el Gobierno de España ha puesto en marcha para afrontar la situación de crisis sanitaria, pero también su inevitable  impacto social y económico que estamos viviendo. A diferencia de lo que sucedió durante la crisis económica que vivimos hace unos años y las políticas de austeridad impuestas por el Gobierno de España, en esta ocasión se ha destinado un tramo de financiación específica destinado a la educación superior, y dentro de ella a las universidades. Las universidades públicas canarias, como destinatarias de estos fondos, pero no de manera exclusiva porque una parte estarán destinados también a los estudiantes de los centros públicos de enseñanza superior no universitaria, están siendo puntualmente informadas a través de la Dirección General de Universidades de estos trámites y, en cuanto la Consejería de Hacienda haya informado a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que el dinero recibido ya está en disposición de ser transferido, se realizarán los ingresos correspondientes.

5. Usted es docente universitario, ha sido director de un instituto universitario de investigación en el ámbito de las Humanidades y también ha estado especialmente vinculado a la gestión universitaria, junto al que fuera Rector de la ULPGC, José Regidor. Tras tanto años vinculado al mundo universitario, ¿cuál es su opinión sobre el sistema universitario español?, ¿está haciendo frente a las demandas y necesidades actuales del sector empresarial mediante su oferta de títulos y sus investigaciones?

El sistema universitario español está integrado en la actualidad por 88 universidades públicas y privadas. Hasta los años noventa del pasado siglo fue un sistema fundamentalmente público con unas pocas universidades privadas, pero la tendencia ha dado un giro muy importante en las últimas décadas. Tengamos en cuenta que la última universidad pública que se crea en España es la Universidad Politécnica de Cartagena, en 1998. Desde entonces hasta hoy se han creado en España 24 nuevas universidades, todas ellas de carácter privado, a un ritmo superior a una nueva universidad cada año. Es evidente que en España se ha alimentado una nueva burbuja, la de las instituciones de enseñanza superior, con algunos proyectos que son más especulativos que proyectos serios desde una perspectiva de instituciones de docencia e investigación de calidad. Creo que ya va siendo hora de que desde el Ministerio de Universidades se plantee una nueva legislación que aborde los requisitos para la creación de universidades privadas, porque no todo lo que se ha creado en los últimos años puede considerarse una auténtica “universidad”, en el sentido en el que lo entendería cualquier persona que conozca de lo que estamos hablando. La investigación, la innovación y la transferencia de calidad y prestigio internacional que han alcanzado las universidades públicas canarias en las últimas décadas es lo que las distingue de otras instituciones privadas de enseñanza superior, en el sistema universitario español. Entre todos y todas debemos seguir trabajando para que sigan creciendo y ofreciendo a Canarias lo que se necesita de ellas.