El Real Decreto Ley de la discordia
Tras el posicionamiento unánime de la Conferencia de Rectores Españoles en contra del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia educativa, el Consejo de Gobierno de la ULPGC solicita, en un comunicado público, su retirada al considerar “que daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación”.
El Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo, junto con el Decreto del 30 de diciembre, que prohíbe convocar plazas de funcionarios y contratar profesorado laboral, “son un atentado al respeto y la dignidad de la comunidad universitaria, porque se ha intentado dañar a la Universidad española”, señaló el Rector de la ULPGC, José Regidor, en su informe al Consejo de Gobierno de la Universidad grancanaria.
Así de categórico se mostró el Rector José Regidor, cuando el pasado 24 de mayo informó a los miembros del Consejo de Gobierno sobre las nefastas consecuencias para el sistema universitario español de los dos decretos aprobados recientemente por el Ministerio de Educación.
Sobre el Real Decreto de 20 de abril, el Rector informó a su Consejo de Gobierno del rechazo unánime de la Conferencia de Rectores Españoles a su aprobación “por la forma y por el fondo de la normativa”. En primer lugar, el Rector destacó que este Real Decreto tiene la única intención de aumentar la recaudación del Estado a través de dos fórmulas: el aumento de las tasas y el aumento del horario docente de los profesores universitarios, “por lo que afecta gravemente al modelo de universidad pública”.
Pero el rechazo de las universidades españolas también viene determinado “por las formas”, ya que la elaboración de este Real Decreto se ha formulado y aprobado “ignorando” a los máximos responsables universitarios españoles, representados en la CRUE, a pesar de haber sido solicitada una reunión del Consejo de Universidades en el mes de mayo para que el Ministro ofreciera información y explicaciones sobre estas medidas tan drásticas en materia universitaria.
El malestar de los Rectores españoles, que afirmaron haber recibido “un trato vejatorio” del Ministerio, ha provocado que estos no se hayan reunido con él en el último Consejo de Universidades del mes de mayo, lo que ha provocado que el Ministro les haya convocado a un nuevo Consejo de Universidades el 1 de junio para tratar asuntos como la normativa de becas y a un próximo Consejo extraordinario para abordar la información de la aplicación del Real Decreto.
Postura unánime de las dos universidades canarias
La CRUE opina que existen muchas incertidumbres sobre la aplicación de esta normativa, que se considera una intromisión en la autonomía universitaria y un desprestigio del profesorado universitario. En este sentido, José Regidor ha informado a su Consejo de Gobierno que las dos Universidades canarias han decidido “ir de la mano” en la aplicación de este Real Decreto, “que hay que acatar, pero que se presta a varias interpretaciones”, con el objetivo de que su aplicación sea la misma en el Archipiélago canario.
El Vicerrector de Profesorado y Planificación Académica, Gustavo Montero, informó al Consejo de Gobierno de que, en la actualidad, los planes docentes de la ULPGC están paralizados como consecuencia del resultado de ampliar el horario docente de los profesores, tal y como exige el Real Decreto. “Estamos manteniendo reuniones con los Directores de Departamento para solicitar la información necesaria relacionada con los sexenios de los docentes y así contar con todos los datos necesarios para la aplicación del Real Decreto”.
La ULPGC y la ULL, junto con el Gobierno de Canarias, están en contacto con el fin de aunar los criterios de aplicación de la ley en este aspecto.
Consecuencias económicas para la ULPGC
Para la ULPGC la aplicación de los dos decretos supone un cambio de escenario presupuestario, que se pretende minimizar en lo posible, pero que ha afectado de manera importante al plan de inversiones previsto. “Con estas nuevas restricciones presupuestarias nuestra prioridad es certificar y pagar las obras que ya tenemos en marcha, pero paralizar cualquier obra nueva”, señaló el Gerente de la ULPGC, Conrado Domínguez.
De este modo, el gerente garantiza, así, que no se produzca ningún recorte económico adicional en el funcionamiento de la Universidad grancanaria.
Con respecto al personal de la Universidad, el Gobierno de Canarias ya anunció una ley de medidas urgentes en las que figura una reducción del 5% en las retribuciones anuales de 2012 a todos los trabajadores universitarios, siempre que su sueldo no sea inferior al 1,5 del salario mínimo interprofesional.
Comunicado de repulsa
Como consecuencia de la aplicación de estos dos Decretos, y de la información aportada por el Rector en el último Consejo de Gobierno, este órgano de la ULPGC acordó hacer público un comunicado de rechazo a estas medidas urgentes en materia educativa porque considera que “no va a mejorar la calidad de las universidades y sí va a llevar a un retroceso que costará años recuperar”.
El comunicado de la ULPGC hace especial referencia a las nefastas consecuencias de la aplicación del Real Decreto al modelo de universidad pública “basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución Española”. En este aspecto, el comunicado rechaza de manera tajante algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto, especialmente las que se refieren al aumento de las tasas universitarias españolas, “que ya se encuentran por encima de la media europea”, sin una adecuada política de becas, “lo que dificultará aún más la entrada de los sectores más castigados por la crisis a las universidades”.
Así, rechazan de manera contundente los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente, “que se reducen, exclusivamente, al criterio del sexenio activo, sin considerar resultados anteriores de investigación, ni otras actividades del personal docente e investigador (publicaciones, proyectos, patentes, transferencia, innovación, gestión…), ni los objetivos estratégicos de las universidades”.
En el mismo comunicado, el Consejo de Gobierno de la ULPGC precisa que la reducción del gasto público a través del recorte en la financiación universitaria es una decisión errónea, y considera que las universidades deben ayudar a esta reducción del gasto “realizando todas las acciones necesarias para incrementar la eficacia y la eficiencia en la prestación de sus servicios”.
El Consejo de Gobierno solicita, a través del comunicado, “la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012, así como el inicio de un proceso de diálogo con las universidades públicas para dar una solución efectiva a los problemas que, en este momento, tiene el sistema universitario español”. Del mismo modo solicita al Gobierno de Canarias que garantice su financiación a las universidades “sin que repercuta en los precios de las tasas para los sectores más desfavorecidos”. Además, el comunicado finaliza rechazando “el ataque sistemático que está sufriendo la universidad pública española, que atenta contra la dignidad y la profesionalidad de los miembros de la comunidad universitaria”.
