El desafío de instaurar el Defensor Universitario en Iberoamérica
La ULPGC acogió recientemente la última reunión de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, que pretende impulsar la Red Iberoamericana de Defensores Universitarios.
En el territorio español, la figura del Defensor Universitario es obligatoria en todas las universidades públicas y privadas, aunque en un pequeño porcentaje de ellas aún no haya sido creada. De hecho, el Defensor Universitario se ha constituido en 61 universidades españolas como un órgano universitario que cada vez cuenta con mayor protagonismo y relevancia, pues a él puede acudir cualquier miembro de la comunidad universitaria para la resolución de conflictos, quejas o reclamaciones en torno a la vida diaria de la institución universitaria.
Según el Presidente de la CEDU, el Defensor Universitario se está convirtiendo en una pieza esencial para ofrecer información, sobre todo al estamento de los estudiantes, en lo que concierne al nuevo modelo educativo que promueve el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Para la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores universitarios (CEDU), que recientemente se reunió en la sede de la ULPGC, uno de los principales desafíos de este órgano universitario es promover en Latinoamérica esta figura. En España, y a diferencia de una gran parte de los países europeos, el Presidente del Defensor Universitario no es un cargo profesional que ostenta un especialista en Derecho o Mediación, sino que es asumido por profesores universitarios que son elegidos, en su mayoría, como es el caso de la ULPGC, por el Claustro Universitario. En las universidades iberoamericanas, la figura del Defensor Universitaria es aún muy incipiente, por lo que en la CEDU “creemos que desde España podemos impulsar este órgano creando una Red Iberoamericana de Defensores Universitarios, tal y como lo hemos asumido en este país, en donde el Defensor Universitario es un mecanismo de control del poder y un aliado en la gobernanza de las universidades”, explicó el Presidente, José Palazón.
Otro de los retos de la CEDU, tal y como se puso de manifiesto en la reciente reunión que mantuvo su Comisión Ejecutiva en la ULPGC, es impulsar un nuevo Régimen de Disciplina para los Estudiantes Universitarios en España, ya que el existente data del año 1954 “y ya no se ajusta a la filosofía universitaria, puesto que está más enfocado al castigo y no se plantea como un documento que integre normas de convivencia y comportamiento”. En este sentido, la CEDU ha acordado en su última reunión informar a los diferentes grupos parlamentarios y la Conferencia Española de Rectores de la necesidad de crear un nuevo Reglamento actualizado que elimine el actual, en donde muchos de los derechos que se plantean “ya están desfasados”.
Demanda de servicios del Defensor
El Presidente de la CEDU comenta que aún sigue siendo el colectivo de estudiantes el que más demanda los servicios y mediaciones del Defensor Universitario en España, “principalmente porque son el colectivo mayoritario en todas las universidades”. Sin embargo, en los últimos años, y en términos relativos, el estamento que ha incrementado el número de consultas o quejas en este órgano, y a nivel nacional, son los docentes, “muchas de ellas relacionadas con la propiedad intelectual”.
En este sentido, el último Informe del Defensor Universitario de la ULPGC, referido al año 2015 y presentado en Claustro en marzo de 2016, resaltó que sólo 173 personas (el 0,69% de la comunidad universitaria) acudió a este órgano, y en la mitad de las ocasiones lo hizo para realizar consultas o solicitar información acerca de algún servicio o circunstancia acontecida en la ULPGC. Solo el 0,35% fue para presentar quejas o pedir la mediación del Defensor. Y tal y como refleja la CEDU, en la ULPGC, el estamento que en términos relativos aumentó más sus solicitudes de consultas y quejas en relación al año anterior fue el profesorado: un 6,9% frente a un 5% en 2014.
Sin embargo, las quejas más comunes se recibieron desde el estamento de estudiantes, derivadas de la planificación y ordenación académica, de los procesos de evaluación y, especialmente, de las Normas de Progreso y Permanencia en la ULPGC.
