El Consejo de Gobierno se pronuncia

29/05/2012

El Consejo de Gobierno se pronuncia

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado hacer público un comunicado en el que rechaza la forma y el fondo del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia educativa, por considerar que no va a mejorar la calidad de las universidades y sí va a llevar a un retroceso que costará años recuperar.

 

El sentir universitario considera que se ha atentado al respeto y la dignidad de la comunidad universitaria y que se ha intentado dañar a la Universidad española en su conjunto.

 

Por ello, el Consejo de Gobierno de nuestra Universidad ha querido expresar su opinión y manifestar su rechazo al Real Decreto Ley tanto la forma, puesto que en su elaboración se ha ignorado por completo a las Universidades, como el fondo, ya que afecta sustancialmente al modelo de universidad pública y, con ello, el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público.

 

El Consejo de Gobierno considera especialmente grave el aumento de los precios públicos de la universidad española, que ya se encuentran por encima de la media europea, sin una adecuada política de becas, porque incrementará las diferencias sociales en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados por la crisis.

 

Asimismo, considera erróneos, y un grave desconocimiento de la Universidad, los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente, que se reducen, exclusivamente, al criterio del sexenio activo, sin considerar resultados anteriores de investigación, ni otras actividades del personal docente e investigador (publicaciones, proyectos, patentes, transferencia, innovación, gestión…), ni los objetivos estratégicos de las universidades.

 

La ULPGC solicita la retirada del Real Decreto-Ley 14/2012, así como el inicio de un proceso de diálogo con las universidades públicas para dar una solución efectiva a los problemas que, en este momento, tiene el sistema universitario español y rechaza el ataque sistemático que está sufriendo la universidad pública española que atenta contra la dignidad y la profesionalidad de los miembros de la comunidad universitaria, representada por sus Rectores.