Los retrasos en vacunación tienen un alto coste económico

Vivimos tiempos sin precedentes en nuestra memoria, en los que la marcha de la economía y la evolución de la pandemia son, sin duda, interdependientes.

Desde comienzos de 2021, con unas pocas vacunas ya aprobadas y otras a punto de finalizar sus ensayos clínicos, todos los organismos que publican predicciones económicas asocian la marcha de la (macro)economía a la evolución de la vacunación. Así, el Fondo Monetario Internacional subtitulaba su World Economic Outlook de enero 2021 “Policy Support and Vaccines Expected to Lift Activity”. El coste macroeconómico de la COVID para España en 2020 podría suponer hasta 200 000 millones de dólares (G. Lopez-Valcarcel y Vallejo, 2021) en pérdidas de PIB comparando las cifras reales con el mundo contractual sin pandemia en el que habríamos crecido un 1.6% del PIB.

Los costes sanitarios y no sanitarios directos de la COVID (prevención, tratamiento de la enfermedad y sus secuelas a largo plazo, etc.) representan apenas una pequeña parte del total. Nuestro estudio de coste-efectividad concluye que las estrategias de prevención basadas en test, rastreo y aislamiento son dominantes. Por cada euro que se gasta, se recuperan 7 euros. Aunque no se ha hecho un estudio similar para España sobre la prevención mediante vacunas, es evidente que éstas son muy coste-efectivas, dada la enorme cuantía de las pérdidas económicas que evitan.

Cada mes que se adelante la vuelta a la actividad económica normal con la inmunización se conseguirá evitar pérdidas de miles de millones de euros. He aquí un dato para dar idea del efecto escala: en 2020, el gasto público en ERTES (incluyendo prestaciones, exoneraciones, ayudas a autónomos y bajas laborales por COVID o cuarentenas) ha multiplicado por cuatro el gasto sanitario directo COVID en 2020 (datos de AIREF y declaraciones del ministro Escrivá).

La inversión en vacunas COVID tampoco tiene precedentes, por su magnitud. La investigación en vacunas contra el virus del sida ha sido de 15 300 millones de dólares en 20 años, concretamente entre 2000 y 2019. Solo EE UU ha gastado, en 2020, 10 000 millones de dólares en I+D de la vacuna COVID. Y el gasto mundial previsto es de 39 500 millones de dólares (Harris, 2021).

Por tanto, un mes de adelanto o de retraso en la vacunación poblacional que permita volver a la normalidad económica supone ingentes cantidades de dinero. Lamentablemente, Europa lleva unas cinco semanas de retraso en vacunación comparada con EE UU.

Un retraso que sale caro

La estrategia europea de compartir riesgos con las compañías farmacéuticas que investigan vacunas prometedoras es, desde la perspectiva del análisis económico, eficiente. De hecho, es la que han seguido los demás países ricos del mundo. Sin embargo, la Unión Europea va retrasada en ritmo de vacunación respecto a EE UU, Reino Unido o Israel.

Este costoso retraso se debe a varias causas. Ha sido una estrategia bien pensada pero mal ejecutada, por las demoras en las decisiones y en la negociación con las compañías. Hasta mitad de junio, cuando EEUU ya había comprometido 10 000 millones de dólares, Europa no anunció la compra conjunta de 3 200 millones de euros. El primer acuerdo fue con Astra Zéneca (AZN) en agosto, también meses después de EEUU.

En cuanto a la Agencia Europea del Medicamento, también autorizó con algún retraso respecto a la FDA las primeras vacunas, de Pfizer y Moderna. Por otra parte, la extrema aversión al riesgo de la CE escoró su apuesta contra las más innovadoras, basadas en RNA mensajero (Pfizer, Moderna, Curevax), apostando por AZN, Sanofi y GSK (las dos últimas no se han aprobado).

La negociación ha estado demasiado centrada en el precio, velando por el gasto de los contribuyentes y no tanto por los plazos y condiciones de suministro. Pero el mercado se impone, y las compañías acaban abasteciendo antes a los primeros países en autorizar y a los que pagan más (E Castellón y G Lopez-Valcarcel, 2021).

Crisis de confianza

A este problema se une la crisis de confianza respecto a la vacuna de AZN, que tendrá un altísimo coste económico directo, por el retraso en completar la vacunación poblacional y volver a la actividad económica libre de restricciones. Pero también indirecto, en términos de salud perdida y fallecimientos. No olvidemos que cada semana mueren con COVID-19 20 000 europeos.

Paradójicamente, para evitar un pequeño riesgo, Europa ha incurrido en uno mayor en términos de fallecimientos y de coste social, como decía este mes The Economist.

Tres lecciones

De la experiencia con las vacunas COVID de los últimos meses podemos extraer tres lecciones para Europa (y España):

1. En un mundo global, las reglas del juego cambian. El nacionalismo vacunal no protege a la humanidad, tampoco a los países ricos, por lo que en último término la solidaridad es interesada (los 8 000 millones de dólares que necesita este año la alianza COVAX salen a cuenta).

2. Para tratar con tiburones, es preferible tener negociadores experimentados y de su misma especie.

3. La comunicación aporta un enorme valor (y la mala comunicación, un enorme coste). Las vicisitudes de AZN nos costarán mucho.

Artículo publicado en la plataforma The Conversation 

Firma:

Beatriz González López-Valcárcel es Catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la ULPGC. Investigación en Economía de la Salud. Líder de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D y de programas de la UE. Presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (2004-2006) y de la sección de Public Health Economics de la Asociación Europea de Salud Pública, EUPHA (2011-2012). Presidenta de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria) entre 2015 y 2017. Coordinadora del programa de doctorado en Economía de la ULPGC desde 2017. Condecorada con la Cruz de la Orden del Mérito Civil de Sanidad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en 2011. Miembro de la comisión científica asesora de la Fundación Gadea Ciencia. Miembro del equipo editor del blog de Economía Nada es Gratis desde marzo 2019. Miembro de la Real Academia Gallega de la Ciencia desde enero 2020. Miembro del comité científico asesor del COVID-19 Canarias